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Este derecho, como todo otro, no es absoluto, y es suceptible de razonable reglamentación que no altere su espíritu (conf. art. 14 y 28 de la Constitución Nacional). Sin embargo, esta premisa aparece sistemáticamente vulnerada en la materia.

Si bien nuestra legislación no se ha ocupado de precisar una definición de huelga, a la luz de interpretaciones legales, jurisprudenciales y doctrinarias, podemos decir que huelga es la suspensión o abstención colectiva y temporal de la prestación de trabajo, concertada por la asociación dotada de personería gremial a fin de presionar y convencer a los empleadores sobre la conservación, obtención, o modificación de condiciones laborales en procura de beneficios profesionales.

El ejercicio del derecho de huelga, debe ser pacífico. No puede implicar la realización de actos de violencia sobre el obrero, o sobre los bienes del patrono, ni la ocupación de establecimientos de trabajo.

En cuanto al sujeto activo de la huelga, debemos decir que la misma no constituye un derecho individual de los trabajadores, sino un derecho garantizado a los gremios. La doctrina nacional entiende que el texto hace referencia al gremio organizado jurídicamente, es decir, al sindicato con personería gremial. Esta postura, sin embargo, no goza de total adhesión dado que varios autores interpretan que el titular del derecho de huelga es simplemente el gremio, aunque no ostente personería gremial.

En cuanto a los fines de la huelga, debemos decir que el resultado pretendido, es el de influir en la voluntad de los dadores de trabajo, para hagan lugar a los reclamos gremiales, otorgando beneficios de tipo profesional.
La huelga, es susceptible de calificación, por parte de la autoridad administrativa, pudiendo ésta ser declarada legal o ilegal, según si se han cumplido o no los procedimientos previstos tanto por el estatuto del sindicato que la declaró, como por las leyes y decretos que regulan la especie, y teniendo en cuenta la finalidad profesional perseguida por los huelguistas.

La huelga calificada como legal, suspende la obligación de prestación laboral, sin extinguir el contrato de trabajo. Esta conservación de la relación laboral suspendida, no obliga al empleador a abonar a los huelguistas el salario correspondiente a períodos en que éstos se han abstenido de trabajar. Distinta solución merece el caso del trabajador que sin acatar la huelga, se vio impedido de realizar la prestación laboral debido a que la actividad huelguista imposibilitó su cumplimiento.
Ante una huelga declarada ilegal, los dadores de trabajo se encuentran facultados a intimar a sus empleados a que reanuden sus tareas, y a despedirlos con justa causa, si dicha intimación no es debidamente satisfecha.

Para el caso que, fracasada la conciliación, la medida de fuerza se llevare a cabo sin respetar la prestación de servicios mínimos establecida, el conflicto será sometido en forma inmediata al arbitraje obligatorio. Ante el incumplimiento de los procedimientos previstos en las leyes 14.786 y 16.936 o de éste mismo decreto, la autoridad de aplicación declarará la ilegalidad de las medidas de acción directa adoptadas.

La llamada contra-huelga o lock – out (vocablo inglés que significa cierre) es la medida por la cual los dadores de trabajo se exceptúan de su obligación contractual de dar o recibir trabajo, negándose también al pago del mismo como medio de presión para obtener el reconocimiento de sus derechos o para defender los mismos y sus bienes. El Lock – out no es otra cosa que la contracara del derecho de huelga, siendo esta vez el empleador el sujeto activo.

La implementación de una huelga ilícita, por ejemplo, con riesgo de ocupación del establecimiento, o de algunas medidas de acción directa como trabajo a desgano, retiro de colaboración, etc., o también el ejercicio de una huelga lícita adoptada por una parte del personal de un establecimiento, de tal modo que imposibilite el cumplimiento de sus tareas al personal restante, producen al patrono, sin lugar a dudas, un grave daño. En casos similares a los aquí enunciados la jurisprudencia, pese a la inexistencia de texto legal al respecto aplicó este derecho de contra-huelga defensiva asignándole carácter de derecho consuetudinario.

PREGUNTAS PERSONALES.
• Por qué con todo este sustento legal entonces se sigue permitiendo la posición de la CNTE en diversos Estados y el DF?
• ¿No sería sencillo la declaración de ilegalidad por la autoridad a los actos de la CNTE?
• ¿A qué le tiene miedo la Autoridad y el Gobierno ?
• ¿Cuál es el beneficio oculto que se encuentra en la relación de la CNTE con el Gobierno del DF, el Gobierno de los Estados y el Gobierno Federal?
• ¿Por qué existe una autoridad que permita el beneficio de pocos contra el daño a muchos?
• ¿En dónde se encuentra el proceso legal y ético de los Gobiernos en México?

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