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Los antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? Respondían que cuando las leyes son buenas benefician a la comunidad política siempre que los hombres las respeten y las apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, la respuesta era contar con hombres buenos, ya que éstos además de actuar correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley. En esta cultura, los individuos con un gran reconocimiento y decoro eran considerados “Hombres Ley”. Parafraseando esta idea y cuestionándonos si es mejor el gobierno de los hombres o el de las instituciones, sin duda la respuesta sería similar. Son los hombres los que hacen las leyes y las instituciones. Y así como un hombre bueno era antaño considerado un “Hombre Ley”, un hombre con principios éticos en el ámbito público puede considerarse como un “Hombre Institución”, de donde se deduce que cualquier mejora en la operación de las instituciones públicas, y por tanto de la credibilidad en éstas, será posible si se eleva la conducta moral de los individuos que la integran mediante una adecuada formación ética. La importancia de poner atención en la conducta de los hombres públicos la resalta Douglas North al decir: “Las instituciones son una creación humana, evolucionan y son alteradas por humanos. Por consiguiente, se deberá empezar por el individuo” (Douglas North, 1993).

Una deliberación exhaustiva en relación tanto a la manera de frenar actitudes antiéticas en el ámbito público como a la recuperación de la confianza del ciudadano conduce a la idea de que no es a través de controles externos a los individuos que realizan la función pública como se impide que éstos cometan actos indebidos sino que es a través de la sensibilización, del desarrollo de la conciencia así como del establecimiento de principios internos en las personas como se podrá evitar la realización de actos contrarios a la ética. Pretender someter a los hombres por la fuerza del poder o de la ley con controles externos no es el mejor camino. “El derecho puede imponerse desde fuera, no así la moral.” (Cortina, 1998, 197). “El conjunto de normas y controles no garantizan que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. Sólo la fortaleza de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que el contexto produce.” (Rodríguez-Arana, 1998).

Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal formado en ética, entendida ésta como la herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La formación ética es vital en los individuos pues éstos tienen un carácter eminentemente activo en la marcha y desarrollo de los organismos. Precisamente, una de las causas que ha provocado la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, etc. Situaciones que impiden que se alcancen la metas y objetivos institucionales.

Una clasificación general respecto al personal que opera en el gobierno señala que existen dos tipos de personas que participan en la dirección y operación de las instituciones, éstos son: políticos y funcionarios. Ambos tipos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan, lo que los coloca como servidores públicos. Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar no sólo con funcionarios responsables, se necesitan también políticos responsables puesto que son éstos últimos quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones, y de éstas decisiones depende a su vez la actuación de los primeros.

La ética para los servidores públicos se refiere a situaciones de aplicación. El bien común, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto realizado en las múltiples instancias de la Administración Pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los servidores que laboran en las organizaciones públicas. Cada funcionario se encuentra diariamente con dilemas éticos que unas veces resuelve de manera rutinaria y otras como resultado de una profunda reflexión. Aunque el sentido común alberga principios básicos que nos permiten conocer lo que es correcto de lo que no, existen situaciones en lo que lo bueno no siempre resulta evidente. La decisión en un conflicto puede ser equivocada si la persona no cuenta con una escala de valores que le permita discernir adecuadamente. En el momento en que el hombre decide y actúa la respuesta puede ser justa o injusta, adecuada o inadecuada. Por eso es importante que los servidores públicos cuenten con un marco que les sirva de guía en sus decisiones. De esta manera, la ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación por difícil que esta sea al ofrecer criterios para encontrar soluciones adecuadas.

Los cambios en las actitudes de gobernantes y servidores públicos hacia una mejora en la calidad de los servicios e instituciones no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, proceden del “despertar” como dijera Aristóteles, o del “salir de la caverna” según afirmara Platón, provienen “de un verdadero cambio del corazón” como dice Caiden. En otras palabras, desde el pensamiento debe brotar la fuerza dinámica que los convierta en acto.

La razón por la que la ética es un instrumento necesario radica en que ésta se orienta al estudio de las acciones humanas por lo cual las explicaciones a las distintas conductas giran en torno a esta disciplina. Cada acto que realiza el hombre tiene su fundamento o justificación en la ética. Cuando los hombres públicos responden a una filosofía ética, se autocontrolan al ser responsables de su conducta y de cada uno de sus actos. De esta manera, la ética es el mejor instrumento porque conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón a partir de la idea de servicio colectivo, elemento importante en los servidores públicos ya que como señala Adela Cortina “El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni siquiera de su deseo de ser malo o bueno sino que exige un profundo autocontrol” (Cortina, 1998, 65)

Todo gobierno, para mantener una eficiente administración, debe contar con individuos íntegros. Y es aquí donde la ética cobra importancia al seleccionar los perfiles, formar y reiterar a los servidores públicos la necesidad de hacer bien sus tareas y actuar con responsabilidad. Por el sólo hecho de llevar a cabo una acción con responsabilidad y hacerla bien ya se está cumpliendo con los preceptos éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar por muchos de los que participan en el ámbito público. – Algunos servidores públicos no sólo realizan mal sus tareas o las omiten sino que obtienen ganancias adicionales por llevarlas a cabo mediante prácticas corruptas.- La ética es el mínimo exigible para asegurar una honestidad y una responsabilidad en el empleo público.

Si la administración pública es el instrumento de que se vale la política para contribuir al logro del bien común mediante el ofrecimiento de bienes y servicios de calidad, los servidores públicos que la integran deben estar motivados y concienciados. Una baja moral y una baja motivación en los individuos fomenta actitudes antiéticas, situación que a su vez se refleja en una baja calidad en la operación de las instituciones. La imagen que se crea de la administración pública, ya sea positiva o negativa, es resultado de la actitud y conducta que ofrece cada persona que labora en una organización. Una buena imagen ayuda a creer y a confiar en las instituciones públicas. Una mala imagen genera desconfianza, duda, rechazo. Para lograr la sensación de satisfacción al realizar una tarea es importante la relación persona a persona. La conducta, la integración y las actitudes son los elementos básicos para establecer buenas relaciones y buen servicio. A esta tendencia se opone, sin embargo, la evolución en el estilo de trabajo de los funcionarios modernos quienes se han convertido en operadores intelectuales altamente especializados orgullosos de ocupar un cargo público aunque poco sensibles al sentir humano.

Pero, ¿Qué se entiende por ética pública? Cuando se habla de la Ética pública, no es que se trate de una ética especial para los asuntos de gobierno y administración pública, se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo, la cual se traduce en actos concretos orientados hacía el interés público. Es lo que Weber denominó como “ética de la responsabilidad”.

La ética Pública señala principios y normas para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. Se concibe como un área de conocimiento de contenido universal que agrupa valores y virtudes orientadas por el espíritu de servicio público y tiene como fuente básica la evolución humana. Para Jaime Rodríguez-Arana “La ética pública es la ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en cuanto que realizados por funcionarios públicos.”

La ética pública se refiere al perfil, formación y conducta responsable y comprometida de los hombres encargados de las cuestiones públicas. Más allá del conocimiento profesional que posean quienes laboran en la función pública, es importante que sean individuos que estén inmersos en la moral pública. Todo aquel que ingrese al ámbito público debe pasar por el filtro de la ética a fin de ser tocado por los valores y virtudes públicas. En suma, se entiende por ética pública la parte de la disciplina ética que trata los comportamientos de los gobernantes y funcionarios públicos en el desarrollo de su trabajo, y tiene por fin lograr que el servidor público aplique el sentido del deber en beneficio del Estado.

Notas de Oscar Diego Bautista

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